La reforma judicial de 2024, que destituyó a todas las personas juzgadoras -estatales y federales- para someter sus cargos al voto popular, no fue un acto aislado ni una apuesta genuina por la democracia. Fue, en realidad, el desenlace de una estrategia sostenida desde el ejecutivo y el legislativo para debilitar, capturar y someter al Poder Judicial Federal (PJF) a los intereses del grupo político en el poder.

Así lo documenta el informe “La independencia judicial en jaque. Ataques al Poder Judicial en México, 2018-2024”, elaborado por Azul A. Aguiar Aguilar, auspiciado por la Fundación para la Justicia. El texto ofrece una radiografía precisa de cómo, en solo un sexenio, se desmantelaron los pilares que desde 1994 habían permitido al Poder Judicial actuar como contrapeso democrático.

El informe se estructura en cuatro capítulos:

• Antecedentes: Explica cómo la reforma de 1994 permitió que el PJF se convirtiera en un contrapeso del Ejecutivo y Legislativo, reestructurando el sistema judicial en tres dimensiones: independencia judicial, poder de revisión constitucional y gobierno judicial. Las reformas de 2011 en derechos humanos y amparo también reforzaron la capacidad de la SCJN para controlar la constitucionalidad y convencionalidad de las normas.
• Ataques Retóricos: Documenta cómo el Ejecutivo y Legislativo fortalecieron una narrativa populista para debilitar al PJF. Se encontró que el 30% de las conferencias de prensa del expresidente López Obrador contenían ataques al Poder Judicial. La Cámara de Diputados y el Senado atacaron la legitimidad de los juzgadores en el 24% y 22% de sus sesiones, respectivamente. Estos ataques se clasificaron en: deslegitimación, separación de poderes, presupuesto y salario, y reforma judicial. Se observó un incremento de los ataques con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, centrándose la mayoría en deslegitimar al PJF.
• Iniciativas de Reforma Judicial: Presenta evidencia de cómo 135 iniciativas de reforma constitucional y leyes secundarias, promovidas principalmente por legisladores de MORENA y su coalición (52%), buscaron modificar la estructura institucional del Poder Judicial. Estas iniciativas atacaron aspectos como las remuneraciones, la elección de juzgadores y el incremento de integrantes en la Corte para que el Ejecutivo pudiera colocar a personas afines. El 51.9% de estas iniciativas se centraron en la «independencia judicial», mostrando una clara tendencia a la intervención en el diseño institucional y autonomía del PJF.
• Impactos de la Reforma de 2024: Detalla los impactos de la reforma constitucional al Poder Judicial de 2024 en tres elementos clave de la independencia judicial: la elección popular de juzgadores, la instalación de un tribunal de disciplina judicial y la nueva «carrera judicial». Se argumenta que la elección politizará al Poder Judicial, comprometiendo su independencia, y que la creación de un tribunal de disciplina judicial sin controles socava el equilibrio de poderes. Además, la nueva carrera judicial elimina la posibilidad de que perfiles con amplia experiencia lleguen a cargos superiores y favorece el nepotismo.

Una ofensiva sistemática

El informe identifica dos tipos de ataques: los retóricos y los institucionales. Los primeros fueron protagonizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus voceros, quienes dedicaron un porcentaje considerable de sus intervenciones públicas a deslegitimar, con mentiras, a juezas, jueces y magistrados. De hecho, el 30% de las conferencias presidenciales y alrededor del 25% de las sesiones parlamentarias contenían ataques directos al Poder Judicial.

Los ataques institucionales fueron aún más graves: se documentan 135 iniciativas de reforma que pretendían modificar la estructura, funcionamiento y autonomía del PJF. Más de la mitad de esas propuestas buscaban directamente mermar su independencia, ya sea mediante el control presupuestal, la elección popular de juzgadores o el aumento del número de ministros de la Corte para favorecer designaciones afines al oficialismo.

La reforma de 2024: punto de quiebre

La llamada «democratización de la justicia» terminó por politizar la función jurisdiccional, introduciendo un sistema electoral que compromete la imparcialidad judicial y expone a los juzgadores a presiones de electores, partidos y grupos de interés.

Además, la instalación de un nuevo tribunal de disciplina judicial sin contrapesos y la eliminación de la carrera judicial meritocrática allanan el camino para el nepotismo, la opacidad y la captura institucional. Lo que se presentó como una reforma progresista, en realidad profundizará las desigualdades en el acceso a la justicia y debilitará su eficacia.

Resistencias y movilización judicial

A pesar del embate, el informe también destaca la resistencia protagonizada por juezas, jueces y funcionariado judicial. Desde manifestaciones públicas y paros escalonados hasta la célebre “Conferencia Matutina de los Jueces”, se gestaron formas de defensa institucional y comunicación ciudadana inéditas. Incluso se llevaron argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentando frenar por la vía internacional lo que no pudo impedirse dentro del país.

(En la imagen jueza encapsulada por la policía, vía expansión)

Una nueva época, menos democrática

En conclusión, el informe señala que los ataques retóricos e institucionales a la Corte y al PJF lograron «sepultar los cimientos del Poder Judicial construidos desde 1994», dando inicio a una nueva época judicial con un régimen político menos pluralista y más autoritario. La reforma, bajo la promesa de renovación y democratización, vació la institución judicial para ser controlada por el poder mayoritario, vulnerando la independencia judicial y rompiendo el equilibrio de poderes. Esto, según el informe, no resuelve los problemas de acceso a la justicia para la población, sino que profundizará las brechas y generará un sistema opaco, ineficiente y clientelar.

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📄 El informe completo puede consultarse y descargarse aquí:
https://www.fundacionjusticia.org/la-independencia-judicial-en-jaque-ataques-al-poder-judicial-en-el-sexenio-2018-2024/