El pasado 28 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de Anthony Boyd, condenado a muerte en Alabama, quien solicitó ser ejecutado por fusilamiento en lugar de mediante hipoxia por nitrógeno.

Boyd fue sentenciado por el asesinato de Gregory Huguley, ocurrido en 1993. La defensa argumentó que el método aprobado por el estado —la inhalación de gas nitrógeno puro— podría causarle un sufrimiento cruel e inusual, contrario a la octava eEnmienda de la constitución estadounidense.

El procedimiento de la hipoxia por nitrógeno consiste en sustituir el oxígeno del aire por nitrógeno, lo que provoca que el cuerpo deje de recibir oxígeno y se produzca la muerte por asfixia. Los defensores del método sostienen que es indoloro y rápido; sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos afirman que el proceso genera angustia extrema, convulsiones y una sensación de asfixia consciente antes del fallecimiento.

En esta ocasión, tres juezas de la Corte —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron de la decisión. En su opinión, el método podría violar la prohibición constitucional de los castigos crueles e inusuales, al carecer de evidencia científica que garantice su humanidad.

El debate sobre la pena de muerte no es nuevo. Estados Unidos ha intentado, durante décadas, encontrar un método de ejecución que sea “más humano”. Pasó de la horca a la silla eléctrica, luego a la inyección letal, y ahora a la hipoxia por nitrógeno. Detrás de cada nuevo método subsiste la misma pregunta: ¿es posible que la pena capital sea más “humana”?