Carlos Soto.

En las democracias, la libertad de expresión no es un privilegio: es un derecho. Es el derecho a opinar, a cuestionar, a informar y a criticar sin miedo. En México este derecho está siendo debilitado por caminos más sutiles, pero igualmente peligrosos: leyes que censuran, demandas civiles, procesos penales y decisiones judiciales, al servicio del régimen, que buscan silenciar al disidente.

Este proceso de censura ya no se ejerce con prohibiciones explícitas, sino mediante instrumentos legales disfrazados de justicia que terminan por castigar la palabra crítica. En este post presentamos algunos de los casos más preocupantes y analizamos los efectos que estas prácticas tienen sobre el ejercicio democrático.

Importancia de la libertad de expresión.

El derecho de expresarnos libremente es el oxígeno de una sociedad democrática. Gracias a él, las personas pueden desarrollarse, compartir ideas, denunciar abusos y exigir transparencia. Los medios de comunicación cumplen una función esencial: investigan, cuestionan y vigilan al poder.

Cuando el Estado comienza a decidir qué se puede decir y qué no, deja de haber debate público real y se impone una verdad oficial. Por eso, la libertad de expresión no solo protege opiniones cómodas o mayoritarias: protege, sobre todo, a las voces que incomodan.

Casos recientes que alertan.

A continuación, se enumeran algunos casos paradigmáticos que evidencian la forma en que el sistema legal está siendo usado como un mecanismo de censura:

1. Jorge Luis González

Periodista procesado y sentenciado por presunta “incitación al odio” contra una gobernadora. Como sanción, se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, se cerró la plataforma digital del medio que dirigía y se le impuso una multa millonaria. Una clara forma de censura previa.

2. Héctor de Mauleón

Tras publicar una columna sobre corrupción y vínculos con el crimen organizado, el Tribunal Electoral de Tamaulipas le ordenó retirar el texto y abstenerse de escribir nuevamente sobre el tema. Una medida que vulnera el derecho a informar y a debatir asuntos de interés público.

3. Lourdes Mendoza

Periodista demandada por daño moral, enfrentó un interrogatorio de más de tres horas con más de 150 preguntas. El caso evidencia cómo las demandas civiles pueden utilizarse para acallar al periodismo de investigación, con un alto costo emocional y económico.

4. Laisha Wilkins

Por responder con un simple «ja ja ja» al tuit de un medio de comunicación, fue denunciada ante el Tribunal Electoral. Se le pidió aclarar su motivación y podría enfrentar una multa de hasta 200 mil pesos. El uso de las normas electorales para controlar el discurso ciudadano es un preocupante precedente.

5. Karla Estrella

Ciudadana sancionada por un comentario en redes sociales que fue interpretado como violencia política de género. Las sanciones incluyeron una disculpa pública, multa, cursos obligatorios y la inclusión en un registro oficial de personas violentadoras por razón de género. El castigo fue desproporcionado para una opinión crítica.

6. Miguel Alfonso Meza

Denunciado por el INE por presunta “violencia política” en contra de un hombre. El caso confirma que estas figuras legales se están ampliando sin límites claros, y ahora se usan también contra quienes opinan en sentido contrario a los intereses del poder.

7. Ley Censura en Puebla

Una reforma al Código Penal estatal que castiga con cárcel expresiones digitales que “ofendan o agravien”, usando términos vagos y subjetivos. La ambigüedad de la norma abre la puerta a la persecución de la crítica en redes sociales.

¿Qué tienen en común estos casos?

Más allá de sus diferencias, todos comparten un mismo patrón:

• Censura previa: Prohibir a un periodista ejercer su profesión o impedir que se vuelva a escribir una columna sobre un caso en particular.
• Criminalización de la crítica: Usar figuras legales como “violencia política por razón de género” o “daño moral” o «incitación al odio» para amedrentar y castigar opiniones.
• Acoso judicial: Agotar al periodista o ciudadano con procesos largos y costosos.
• Autocensura: Generar miedo para evitar que otros se atrevan a criticar.
• Restricción del debate público: Impedir que se hable libremente sobre asuntos que sí nos afectan.

Conclusión: cuando el silencio se normaliza, la democracia se vacía

Lo más peligroso no es solo que el poder silencie voces.
Lo más grave es que logre que dejemos de hablar por miedo.

Hoy más que nunca, defender la libertad de expresión no es un tema técnico ni exclusivo de periodistas. Nos compete a todos. Porque el día que dejemos de hablar, ese día, el poder dejará de escuchar.

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