La elección del 1 de junio de 2025 ha marcado un parteaguas, y no para bien, en la historia institucional de México.

Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal fueron electos por medio del voto, en un acto de simulación democrática.

El proceso vivido, ya aprobado por el INE, fue promovido por el oficialismo con la promesa de “democratizar la justicia”. Sin embargo, más allá de los discursos triunfalistas, lo cierto es que esta reforma abre interrogantes serias sobre el futuro de la independencia judicial, la técnica jurídica y el equilibrio de poderes.

Una elección cuestionada

La jornada electoral no fue una celebración democrática. La participación fue significativamente baja, el proceso estuvo fuertemente influido por la maquinaria oficialista, y muchas de las candidaturas no cumplieron con estándares mínimos de profesionalismo o autonomía. Como han señalado diversas organizaciones nacionales e internacionales, más que una democratización, lo que ocurrió fue la captura del poder judicial federal.

¿Qué escenarios se abren?

1. Consolidación del control político:

Con jueces, magistrados y ministros electos bajo el respaldo de un partido hegemónico (a través de los célebres acordeones), existe el riesgo real de que las resoluciones judiciales convaliden actos autoritarios de los poderes ejecutivo y legislativo, y se alineen a la doctrina del partido oficial, debilitando la función contramayoritaria del Poder Judicial. Esto afectaría gravemente los derechos humanos, el debido proceso y el acceso a una justicia imparcial.

2. Desprestigio institucional:

La legitimidad de las decisiones judiciales podría verse erosionada por la percepción —y en muchos casos, la realidad— de que los nuevos jueces no fueron seleccionados por su mérito, sino por su afiliación o lealtad política. Esto puede debilitar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el resto de los tribunales federales dejarán de ser vistos como garantes de los derechos humanos de las personas.

Si antes le costaba trabajo al ciudadano de a pie diferenciar lo que hace un policía, de un ministerio público y de un juez, el sometimiento de los tribunales al régimen hará más difícil para la sociedad comprender cuál es la función judicial.

3. Conflictos internos en los órganos del PJF.

En los órganos colegiados (de amparo y de apelación), en algunos órganos judiciales, coexistirán jueces de carrera judicial con jueces políticos (electos). La visión de unos y otros sobre aspectos importantes, como la deferencia al legislador o al órgano técnico especializado, pueden ser diametralmente opuestos. La prudencia en ambos tipos de juzgadores, para escuchar las ideas del compañero, será sumamente importante.

Este tipo de conflictos no los veo en la SCJN. Cualquier discrepancia será arreglada por el poder ejecutivo o el partido oficial.

Las relaciones del trabajo entre los jueces políticos, y los integrantes de carrera judicial del órgano jurisdiccional al que lleguen no serán tersas. Los oficiales judiciales, actuarios y secretarios han visto truncada su oportunidad de acceder al cargo de juez o magistrado mediante sus conocimientos u experiencia. Saben que para llegar a esos cargos deberán estar en los acordeones de la siguiente elección, y para ello, es necesario que comiencen a acercarse al partido político en el poder.

Además, y lo vemos en múltiples ocasiones, cuando un político llega a un nuevo puesto, lo primero que hace es deshacerse del personal que labora en la dependencia para traer a “su gente”. Los jueces políticos deberán pagar favores, y tal vez lo hagan con nombramientos. Espero equivocarme.

¿Y la sociedad civil?

La defensa del Estado de derecho cada vez se podrá intentar cada vez menos a través del juicio de amparo, debido a la captura del PJF.

La sociedad civil, la academia, el periodismo crítico y los organismos internacionales tienen un papel clave en la vigilancia, denuncia y documentación de los retrocesos institucionales que sufrirá la judicatura federal. El costo de guardar silencio puede ser demasiado alto.

Conclusión

El 1 de junio no fue el final de la guerra. Si bien se trató de una batalla que se perdió estrepitosamente, democráticamente hablando. No debemos perder la esperanza.

No es difícil imaginarnos inmersos en otros 70 años de un nuevo autoritarismo, peor que el de antaño. Hace poco dijo una Senadora de Morena que su plan era durar 1,000 años en el poder. No disimulan su desprecio a la democracia y su talante autoritario.

Lo que está en juego no es solo la composición de un tribunal, sino el equilibrio de poderes, la vigencia de los derechos fundamentales y el futuro de la democracia constitucional. Lo que viene es incertidumbre, pero también oportunidad para resistir con argumentos, con principios y con la fuerza de la razón jurídica.

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