¿Éxito o fracaso? La elección judicial del 1 de junio

El pasado 1 de junio de 2025, México vivió un triste episodio en su historia constitucional: la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y una parte considerable de jueces y magistrados del país.

Desde el oficialismo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha insistido en que se trató de un gran éxito democrático. Pero ¿realmente fue así? ¿Podemos hablar de una victoria para la justicia o, por el contrario, de un retroceso para la democracia y el Estado de Derecho?

Lo que realmente ganó

Si observamos los resultados con atención, veremos que no ganó la democracia, debido al abstencionismo, los votos nulos y, en última instancia, al establecerse un modelo de justicia subordinado al poder político.

Los candidatos favorecidos en esta elección no fueron producto de un voto razonado, informado o libre. Ganaron aquellos cuyos nombres aparecían en los acordeones repartidos previamente por Morena y por estructuras vinculadas al Estado. En otras palabras, se trató de una elección dirigida, guiada y manipulada desde el poder.

Un “éxito” desde la lógica del régimen

Desde la perspectiva del régimen, sin duda fue un éxito. Lograron lo que habían soñado desde 2018: destituir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y reemplazarlos por perfiles afines al proyecto político en el poder. No solo eso, también designaron a los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y sustituyeron a una gran parte del aparato judicial federal.

Lo que antes era motivo de largas negociaciones legislativas o de equilibrios constitucionales, hoy fue resuelto con una sola votación masiva y cuestionada.

El costo para la democracia

Sin embargo, desde la óptica de la democracia, fue un fracaso rotundo.

Primero, por la escasa participación: apenas alrededor del 13% del padrón electoral acudió a votar. De 100 millones de personas registradas, solo 13 millones emitieron su voto. Y de esos, un porcentaje significativo fueron votos nulos. La apatía, el desconocimiento y la falta de información fueron la constante.

Segundo, porque la mayoría de los votantes no sabía por qué cargos votaba ni quiénes eran los candidatos. Muchas personas no comprenden siquiera qué hace un ministro de la Suprema Corte, mucho menos las funciones de un magistrado de circuito o de un juez de distrito.

Tercero, porque lo que se consumó fue la politización abierta del Poder Judicial. Se debilitó de forma grave el principio de división de poderes. Los nuevos integrantes del Poder Judicial no son producto de un proceso meritocrático, sino de una elección en la que influyó más la lealtad política que la competencia jurídica.

La gran purga judicial

Uno de los elementos más alarmantes es que la mayoría de jueces y magistrados en funciones que participaron en la elección, perdieron la votación. Si a ello se suma las destituciones masivas que implicaron la reforma judicial, es claro que hubo una auténtica purga del aparato judicial. Y no fue por ineficiencia o corrupción, sino porque no formaban parte del nuevo bloque de poder.

Esto pone en entredicho la independencia e imparcialidad de los nuevos juzgadores. ¿Podemos esperar que actúen con autonomía frente al Ejecutivo, cuando su llegada al cargo fue facilitada por la estructura política del régimen?

Lo que viene

Este episodio marcará un antes y un después en la historia del constitucionalismo mexicano. Y si bien aún es pronto para medir todas sus consecuencias, es previsible que veamos un retroceso en materia de derechos humanos, de controles de constitucionalidad y de equilibrio entre poderes.

El Poder Judicial, que debía ser el último bastión de defensa frente a los abusos del poder, ha sido cooptado. Y lo fue, irónicamente, en nombre de la democracia.

¿Y tú qué opinas? ¿Fue la elección judicial un paso adelante o un retroceso para el país?
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