Carlos Soto.

La elección judicial en México: un experimento fallido bajo la lupa internacional

El 1 de junio de 2025 se celebró en México una elección sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía votó directamente para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La mal llamada reforma judicial, aprobada en 2024, ha sido objeto de intensos debates tanto dentro como fuera del país. La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) ha publicado ya su informe preliminar, en el que expone sombras y serias advertencias sobre este proceso.

Una jornada tranquila, pero marcada por la apatía

La OEA reconoció que la jornada electoral se desarrolló en un clima de paz, aunque con importantes retrasos y deficiencias logísticas. No obstante, el dato más llamativo fue la bajísima participación ciudadana: apenas el 13% del padrón acudió a las urnas, uno de los niveles más bajos en la región. A esto se sumó un elevado número de votos nulos o no marcados, lo que evidencia una desconexión profunda entre la ciudadanía y el nuevo modelo de elección judicial.

Un proceso acelerado y confuso

El informe destaca que la reforma judicial fue impulsada de forma precipitada, en un contexto de polarización política y sin el debate amplio que una transformación de tal envergadura requería. El nuevo sistema no solo eliminó el Consejo de la Judicatura Federal, sino que creó nuevas instancias como el Tribunal de Disciplina Judicial, redujo el número de ministros de la Suprema Corte y estableció reelecciones para los jueces.

Además, el proceso de selección de candidaturas se caracterizó por criterios dispares, falta de estandarización y evaluaciones poco rigurosas. Ningún aspirante fue sometido a exámenes técnicos exhaustivos y, en la mayoría de los casos, bastó con una entrevista breve o un ensayo. La MOE/OEA advirtió que esto compromete seriamente la idoneidad técnica y la independencia judicial.

Politización e intervención de los poderes

La Misión documentó que seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron promovidos por el Comité del Poder Ejecutivo, lo que genera dudas razonables sobre la independencia del máximo tribunal. También se denunciaron presuntas injerencias del Legislativo y el Ejecutivo en los comités de evaluación, así como intentos de cancelar candidaturas desde el Congreso por presuntos vínculos criminales, sin el debido proceso.

Observaciones internacionales y preocupaciones por el Estado de Derecho

Organismos como la ONU y la CIDH compartieron la preocupación de que este modelo pueda politizar la justicia, debilitar los contrapesos institucionales y poner en riesgo los derechos fundamentales. La falta de experiencia jurídica exigida para algunos cargos, así como el carácter ambiguo de requisitos como la “buena reputación”, podrían abrir la puerta a decisiones arbitrarias o influenciadas por intereses políticos.

Recomendaciones clave de la OEA: ¿hacia dónde debería ir la reforma?

Tras observar el proceso electoral judicial, la OEA emitió una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la transparencia, legitimidad y calidad del nuevo sistema. Entre las más relevantes destacan:

• Reforzar los requisitos para candidaturas, exigiendo experiencia profesional, formación jurídica especializada y criterios objetivos de “buena reputación”.
• Uniformar y regular el proceso de selección, con reglas claras para todas las etapas, incluyendo exámenes técnicos anónimos y veeduría ciudadana.
• Asignar la evaluación de aspirantes a un órgano independiente, separado de los tres poderes del Estado, con integrantes imparciales y técnicamente calificados.
• Garantizar transparencia total, publicando convocatorias, metodologías, impugnaciones y resultados en plataformas accesibles.
• Mejorar la equidad en campañas, mediante financiamiento público, tiempos oficiales en medios y topes de gasto ajustados a cada tipo de elección.
• Asegurar la paridad de género en todas las etapas y fortalecer el acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia política.
• Evitar la concurrencia con elecciones políticas, y rediseñar la boleta para facilitar el voto informado.
• Optimizar los sistemas técnicos, incluyendo infraestructura híbrida, simulacros realistas y digitalización de actas desde las casillas.

Reflexión final

La elección judicial de 2025 significó un grave revés a la democracia mexicana. El gobierno autoritario en el que vivimos comenzó a gestarse en 2018 y llegó a su madurez política y legal en 2024, entre otras cosas, gracias a la reforma judicial. Los demás actos que hemos vivido en el país, como son la militarización e las funciones del Estado, desde las aduanas hasta la guardia nacional, la desaparición de los órganos constitucionales autónomo, y la reforma judicial que nos ocupa, nos demuestra que la frágil democracia mexicana, nacida a finales del siglo pasado, ha llegado a su fin.

El dictamen de la OEA, a pesar de dar una serie de recomendaciones a México para futuros procesos electorales judiciales, concluye con un mensaje muy claro: «la Misión no recomienda que este modelo de
selección de jueces se replique para otros países de la región«. Esto es una alerta del organismo internacional, para que las democracias americanas no caigan como fichas de dominó y debe preocupar a los demás países que aun tengan vocación democrática en la región. México, desafortunadamente, ya no es parte de esas naciones.

El informe completo puede verse en este enlace.

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