México emulando gobiernos autoritarios

En los próximos meses, en México se implementará un cambio institucional de gran calado, no para fortalecer la justicia, sino para controlarla y disciplinarla desde el poder político. Entre los cambios más controvertidos propuestos en la reforma judicial se encuentra la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano que —lejos de buscar la mejora ética de la judicatura— parece diseñado para intimidar, silenciar y controlar a jueces y magistrados.

Acabo de leer el artículo «El colapso de la independencia judicial en Polonia: una historia con moraleja«, escrito por John Macy y Allison K. Duncan, que da un repaso concreto de qué fue lo que pasó en Polonia, donde el partido oficial terminó con la independencia judicial de ese país. Y como dice el viejo refrán, «cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar«.

El caso de Polonia ofrece una advertencia clara de lo que ocurre cuando la independencia judicial se convierte en un estorbo para los intereses del poder político.

En ese país, bajo el mando del partido gobernante “Ley y Justicia” (PiS), se instaló desde 2017 una cámara disciplinaria que ha perseguido a más de mil jueces por atreverse a cuestionar reformas legales, acudir a tribunales europeos o simplemente por hablar públicamente sobre la situación del sistema judicial.

El “tribunal disciplinario”: herramienta de represión

En Polonia, este órgano de control judicial se ha convertido en un mecanismo de represión institucional. Su misión no es mejorar el desempeño judicial, sino castigar a quienes cuestionan al régimen. Se han impuesto recortes salariales, amenazas de remoción y procedimientos por “exceso judicial”, todo ello contra jueces cuyo “delito” fue defender la independencia del poder judicial.

El nuevo “muzzle law” polaco (ley mordaza), aprobado en 2019, perfeccionó este control: permite castigar a jueces por dudar de la legitimidad de sus colegas nombrados por un Consejo Judicial también capturado por el gobierno. Además, obliga a los jueces a declarar su pertenencia a asociaciones profesionales, con lo que se inhibe la organización gremial y la libertad de expresión interna en el poder judicial.

¿Suena familiar? En México, el Tribunal de Disciplina Judicial, propuesto en la reforma judicial se convertirá en un instrumento del poder ejecutivo para disciplinar a quienes no se alineen con los nuevos mandatos del poder. Se trata, en otras palabras, de construir un sistema de miedo y autocensura dentro del poder judicial.

De tribunal constitucional a “corte controlada”

El proceso polaco no se detuvo en los tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional también fue rediseñado: el parlamento dominado por el partido oficial rechazó nombramientos hechos por la administración anterior y colocó a sus propios jueces. Posteriormente, aprobó reglas que dificultaron el control de constitucionalidad, como exigir votaciones por mayoría calificada para declarar inconstitucionales las leyes, y simplemente se negaron a publicar las sentencias que no les convenían.

En México, ya hemos visto como los poderes ejecutivo, legislativo, el Instituto Nacional Electoral, e incluso el Tribunal Electoral del PJF, rechazaron acatar suspensiones dictadas en juicios de amparo, con el fin de seguir con la aprobación e implementación de la reforma judicial, cuya finalidad es deshacerse de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, único contrapeso existente en nuestro sistema político, para ser sustituida por una corte a modo. Cuando los poderes ejecutivo y legislativo no tienen límites judiciales, la Constitución se vuelve letra muerta.

La narrativa: desprestigiar para dominar

Pero el ataque a los jueces en Polonia no ha sido solo institucional, sino también mediático. El gobierno orquestó campañas de desprestigio contra jueces, vinculándolos con corrupción, alcoholismo o supuestas “élites comunistas”. Incluso se organizaron campañas de “troleo” en redes sociales para intimidar a los jueces en sus hogares. La idea es simple: si logras que la ciudadanía odie o desconfíe del poder judicial, entonces nadie lo defenderá cuando el poder político lo capture.

¿No vivimos en México una campaña sistemática de desprestigio contra la Suprema Corte y los jueces federales? Desde hace más de seis años vimos que en las conferencias mañaneras se lanzan acusaciones, sin pruebas, en contra de jueces, magistrados y ministros.

Conclusión

El caso polaco demuestra que la destrucción de la independencia judicial no ocurre de un día para otro, pero sí puede consolidarse rápidamente si no hay resistencia. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en México, será el principio de una espiral autoritaria disfrazada de “democratización judicial”.

Quienes defendemos el Estado de Derecho no podemos caer en la trampa discursiva de que “el pueblo elige a los jueces” justifica todo. Como lo recuerda el artículo publicado en Judicature:

“Cuando se considera a los jueces como un actor político más, la independencia judicial tiende a ser vista como un impedimento, y no como un protector del Estado de derecho”.

Hoy, más que nunca, debemos tener en cuenta que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de todos los ciudadanos.

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