Nos han dicho que la reciente reforma judicial tiene como propósito democratizar al Poder Judicial de la Federación. Que ahora será “el pueblo” quien elija a jueces, magistrados y ministros. Que con ello se consolidará una justicia más cercana, más justa, más legítima.

Nada más alejado de la realidad.

Lo que verdaderamente se está gestando es el desmantelamiento del último contrapeso institucional que quedaba en pie: el Poder Judicial. Y todo bajo la bandera de una supuesta “democratización” que, en los hechos, equivale a una colonización judicial a través del voto popular controlado.

La ruta hacia la reforma

Desde el sexenio anterior, el discurso presidencial fue constante: día tras día, en cada “mañanera”, se acusaba al Poder Judicial de liberar delincuentes, proteger a los poderosos y actuar en contra del pueblo. Nunca hubo pruebas. Solo descalificaciones. Una estrategia que sembró la desconfianza en los jueces para luego justificar su eliminación.

Así, el 5 de febrero de 2024, el presidente presentó lo que llamó su “Plan C”. Un paquete de reformas constitucionales que no solo pretendía modificar el Poder Judicial, sino también desaparecer órganos constitucionales autónomos como el INAI, el IFT y la COFECE. Y, por supuesto, afianzar el control de la seguridad pública en manos militares. Todo lo cual, con posterioridad, fue aprobado.

En las elecciones de ese año, mediante una combinación de propaganda, acarreo y maniobras legales, el oficialismo se hizo con una mayoría calificada artificial. La Cámara de Senadores terminó dominada en un 75% por el bloque oficialista, facilitando la aprobación de reformas de gran calado sin espacio para la deliberación real.

La simulación de los foros

Entre junio y agosto de 2024 se realizaron una serie de foros que se presentaron como ejercicios de “parlamento abierto”. Participaron jueces, magistrados, ministras, académicos, litigantes y miembros de la sociedad civil. La mayoría de las voces técnicas y especializadas coincidieron: la reforma era inviable, peligrosa y atentaba contra la independencia judicial.

Ninguna de estas advertencias fue tomada en cuenta.

La elección judicial: un proceso distorsionado

A partir de la reforma, los jueces, magistrados y ministros dejaron de ser designados por sus méritos, experiencia y preparación. Ahora deben hacer campaña, buscar votos, ganarse el favor del poder político. En los hechos, esto equivale a politizar una función que debe ser imparcial por naturaleza.

Los funcionarios judiciales se vieron obligados a crear perfiles en redes sociales, grabar videos, visitar comunidades, prometer lo que no les corresponde. ¿Qué puede prometer un juez en campaña? ¿Sentencias favorables? ¿Puentes? ¿Servicios? Esa sola idea, la de las promesas de campañas judiciales, desnaturaliza la función del juzgador.

Y mientras tanto, el oficialismo y los gobiernos estatales comenzaron a intervenir directamente, promoviendo candidatos, repartiendo acordeones con los números de los postulantes “autorizados”. La elección judicial terminó siendo dirigida por los operadores políticos de siempre.

Una advertencia necesaria

La reforma judicial no fortalece al Poder Judicial, lo somete. Le arrebata su esencia de contrapeso constitucional y lo convierte en un apéndice más del poder político.

Ya no veremos jueces que se atrevan a ordenar la entrega de medicamentos a un niño con cáncer. No porque el problema desaparezca, sino porque cualquier resolución en contra del régimen será motivo de sanción por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Lo que está en juego no es solo un modelo de justicia. Es la vida democrática del país.

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